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EL CONDUCTOR COMO FACTOR DEL ACCIDENTE

Todo conductor debe contar con unas facultades naturales para realizar la actividad de conducción y de unas aptitudes técnicas, entre las que se incluyen conocimientos sobre las normas de circulación, sobre la vía y sobre las condiciones de tráfico, así como habilidades y aptitudes sobre el manejo del vehículo. Tanto las condiciones naturales como los conocimientos y habilidades han de ser acreditados para obtener los permisos y licencias de conducción, y el conductor tendrá que acreditar que conserva las facultades naturales para conducir cuando pretenda la renovación de los que se posean en los plazos reglamentarios.

Cuando se analice el factor humano en la investigación del accidente de tráfico se deberá constatar, en primer lugar, que los conductores implicados se encuentran habilitados para conducir los respectivos vehículos mediante los pertinentes permisos, licencias y/o autorizaciones especiales de conducción válidos y en vigor. Si el conductor no acredita estar en posesión del permiso, licencia o autorización especial de conducción podría indicar que carece de esos conocimientos, aptitudes y habilidades para la conducción.

Si en cambio, el conductor se encontrara en posesión del permiso, licencia o autorización especial para conducir el vehículo con el que se viera implicado en el accidente y para transportar el tipo de mercancía para el que estuviera autorizado, habría que comprobar su antigüedad y el tiempo que llevara conduciendo ese tipo de vehículos a fin de determinar su posible pericia o impericia en el manejo del vehículo y si la mercancía transportada se ajustaba a la que estuviera autorizado transportar. Por otra parte, habría que comprobar si en el permiso, licencia o autorización administrativa le consta algún tipo de mención, adaptación, restricción u otras limitaciones en su persona, vehículos o de circulación, por ejemplo si para conducir debía hacer uso de algún tipo de elemento corrector, como gafas, audífonos, o si el vehículo que condujera debía tener algún tipo de adaptación en función de las características físicas del conductor, etc., y si efectivamente hacía uso de dicho elemento o si la conducción se ajustaba a las limitaciones expresadas en la autorización.

Además, aún cuando en el correspondiente permiso o autorización no constara ningún tipo de mención limitativa y, a pesar de ello, los agentes apreciaran que el conductor presenta síntomas evidentes de que ha perdido las condiciones físicas necesarias para conducir lo harán constar en el Atestado y en el Informe Técnico que redacten y estarán autorizados, según el artº 71-bis del Texto Articulado de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para intervenir de manera inmediata el permiso o licencia de conducción y podrán instar la iniciación del correspondiente procedimiento administrativo para declarar la pérdida de vigencia de autorizaciones, según lo dispuesto en el articulo 63 del mismo texto.

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PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO Y LICENCIAS

El proceso formativo y las pruebas correspondientes para la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones en la práctica se han configurado como un mero trámite, a pesar de los contenidos y conocimientos concretos que, según la norma que lo regula, el conductor ha de acreditar para obtener dicha autorización. Prima la importancia social del vehículo sobre la seguridad en la circulación.

Por ejemplo, a pesar de ser los vehículos más numerosos en el escenario del tráfico, para obtener el permiso de conducir de la clase B, solo es necesario acreditar que se tiene un conocimiento teórico básico y un conocimiento también básico en cuanto al manejo del vehículo, o para obtener la licencia de conducir ciclomotores, que es el titulo mas demandado por los más jóvenes, prácticamente solo se exige el conocimiento superficial de un número limitado de normas sin que sea precisa la acreditación de la capacidad para conducirlos. Creo que “saber conducir”, debería significar tener un conocimiento amplio de las normas que regulan la circulación y de como adecuar el comportamiento ante las distintas exigencias del tráfico; tener un conocimiento suficiente sobre los elementos de seguridad activa y pasiva con los que cuenta el vehículo y como utilizarlos adecuadamente, es decir, tener un mayor conocimiento de la máquina que vamos a manejar y de cómo hacer un uso correcto de dichos elementos; tener conocimientos y aptitudes para saber reaccionar y comportarse ante situaciones inesperadas, estresantes y peligrosas, o ante condiciones ambientales adversas. Prácticamente ninguno de estos conocimientos y aptitudes son exigidos en las pruebas para la obtención de la autorización.

En cuanto a los reconocimientos médicos, tal y como se vienen realizando, son un mero trámite más dentro de todo el proceso de obtención o de renovación de los permisos y licencias de conducir. En los centros autorizados para realizar este tipo de reconocimientos difícilmente se van a detectar enfermedades o disfunciones físicas o psíquicas que inhabiliten para la conducción, dado que, en el mejor de los casos, dichos reconocimientos se limitan a un examen somero sobre la capacidad visual y, en su caso, auditiva, sobre presión arterial y sobre aptitud perceptivo motora.


ALGUNAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL

La mayoría de estudios estadísticos señalan que entre el 70 y el 90 por ciento de los accidentes de tráfico tienen como factor determinante el comportamiento humano. En el comportamiento del hombre ante el fenómeno del tráfico se conjugan una serie de condiciones relativas a las facultades naturales del conductor, tanto físicas (deficiencias sensoriales y perceptivas, enfermedades, perturbaciones funcionales, etc) como psíquicas (capacidad de atención, actitudes, capacidad de reacción, etc). Pero la capacidad natural, aún siendo necesaria, no es suficiente para realizar una actividad compleja como es la de conducir, es necesario que el conductor, además, sepa conducir y para ello debe contar con los conocimientos que la circulación de vehículos requiere, tanto sobre el manejo del vehículo, sobre las normas de circulación, sobre la vía por la que circula, sobre las condiciones de tráfico, etc. La formación en todos estos aspectos del tráfico se configura así como un elemento decisivo para una adecuada y segura actividad de circulación y para evitar, o al menos reducir, el número de accidentes de tráfico. El proceso formativo diseñado por el Reglamento General de Conductores y por la Orden de desarrollo se presenta en principio ambicioso dado que tiene como objetivo el que todo conductor llegue a poseer las aptitudes psicofísicas, los conocimientos y habilidades, aptitudes y comportamientos que le permitan manejarse adecuadamente y conducir con seguridad, pero la realidad viene demostrando la ineficacia de dicho proceso. Por una parte, esta ineficacia se comprueba por el reiterado, constante y casi universal incumplimiento de las normas más elementales de seguridad y por otra por el alarmante desconocimiento que de dichas normas y de los procedimientos para evitar los accidentes tiene una gran parte de los conductores y finalmente por el progresivo aumento de los accidentes de tráfico.

En primer lugar y a un nivel básico pero suficiente, se debería apostar por una mayor implicación de todos los estamentos sociales, la escuela, la familia, el centro de trabajo, etc., a fin de proporcionar una mayor formación y educación vial, como parte del proceso de formación y educación del individuo como integrante del grupo social. En segundo lugar, en el ámbito específico de la formación para la utilización de los medios de transportes, como conductores o como usuarios, se debería apostar por una formación integral en la que se incluyan todos los conocimientos precisos para realizar la conducción con seguridad. Los conocimientos adquiridos en el proceso formativo específico, al menos en algunas categorías de permisos, en la práctica son excesivamente superficiales y solo son un mero trámite que superar para conseguir el permiso o la licencia de conducción. El nivel de formación exigida para cada tipo de permiso o licencia parece depender mas del tamaño del vehículo que se va a conducir, que de la dificultad técnica que la conducción de ese o de cualquier vehículo entraña.

Por lo que respecta a la puesta en funcionamiento del denominado carné por puntos parece responder a un cambio de orientación en la consideración social de dichos títulos habilitantes, que ha pasado de ser un derecho de los ciudadanos intervenido por la Administración, a ser presentado como un crédito que la sociedad otorga a los ciudadanos para que ejerzan dicha actividad siempre que no defrauden la confianza que en ellos se ha depositado. Para ello se prevé la retirada progresiva de puntos por la comisión de determinadas infracciones que puedan poner en peligro la seguridad del tráfico. En realidad el carné por puntos no es mas que una sobre-sanción que se añade a las sanciones económicas que ya estaban contempladas. Este sistema se asienta en la creencia de que el comportamiento está controlado por sus consecuencias, tanto por consecuencias reforzantes como por consecuencias punitivas y que cuando el cumplimiento de las normas no se ve apoyado o reforzado por contingencias naturales se hace precisa la aplicación de castigos para que aumente la probabilidad de acatamiento. En la implantación del carnet por punto se ha copiado una medida experimentada en otros países, sin que previamente se haya realizado un estudio y una previsión de cómo afecta en la reducción del número de accidentes, ni en qué medida podrá atribuirse esa reducción al carné por puntos. Además, se ha realizado una mala copia dado que se prevé la retirada de puntos por infracciones que poco tienen que ver con la reducción del número de accidentes, (las infracciones por estacionamiento, por ejemplo), que más parece responder a las presiones de determinados municipios que deseaban contar con un nuevo mecanismo para resolver los problemas de estacionamiento que existen en las ciudades. Además la aplicación del carné por puntos puede ser discriminatoria respeto a los ciudadanos que tengan permiso de conducir otorgado por las autoridades españolas, dado que serán los únicos que cuenten con el crédito de puntos y a los que, por ello, se les podrán detraer al cometer determinadas infracciones.


AUTORIZACIONES ESPECIALES PARA CONDUCIR

A las autorizaciones administrativas especiales para conducir se refiere el Capitulo VI del Titulo I del Reglamento General de Conductores. Entre las autorizaciones que dicho capitulo regula se encuentra la autorización especial para conducir vehículos que realicen transporte escolar o de menores. Para conducir los vehículos que realicen este tipo de transportes será necesario contar con el permiso de conducción ordinario correspondiente para el tipo de vehículo y haber obtenido previamente la correspondiente autorización especial, que deberá portarse cuando se conduzca este tipo de vehículos.

Para obtener este tipo de autorización especial el conductor deberá estar en posesión del permiso de conducción ordinario que le habilite para conducir ese tipo de vehículos; deberá carecer de antecedentes en el Registro de Conductores e Infractores o, al menos, los antecedentes que tuviera deben considerarse cancelados.

La vigencia de este tipo de autorizaciones especiales será la misma que la del permiso de conducción de superior categoría que posea el conductor y se renovaran en los mismos períodos a solicitud del interesado y justificando que se reúnen y mantienen los requisitos exigidos.

Igualmente se regula en dicho capítulo la autorización especial para conducir vehículos que transporten materias peligrosas. Esta autorización especial habilita y es obligatoria para conducir vehículos que transporten materias peligrosas cuando así lo requieran el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) o la Reglamentación española reguladora del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC). El conductor está obligado a llevarla junto al correspondiente permiso de conducción que le habilite para conducir el vehículo de que se trate y a mostrarla ante los agentes de la autoridad que se lo exijan. La autorización no le autoriza a conducir este tipo de transporte si no está acompañada del correspondiente permiso de conducir y está limitada para un determinado tipo de materias que ha de constar en la autorización.

Serán requisitos para poder obtener esta autorización especial: estar en posesión al menos del permiso de conducir de la clase B, con una antigüedad mínima de un año; realizar un curso de formación de este tipo de transporte; ser declarado apto por la Jefatura de Tráfico tras superar las correspondientes pruebas de aptitud; reunir las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener el permiso de la clase C1, tener residencia normal en España y no estar privado del derecho a conducir vehículos por resolución judicial o no tener suspendido o intervenido el permiso por resolución judicial o administrativa.

La solicitud se tramita ante la Jefatura Provincial de Tráfico y debe acompañarse de fotocopias y originales del DNI o NIE, del permiso de conducción, informe de aptitud psicofísica expedido por un centro de reconocimiento de conductores, un certificado de aprovechamiento del curso de formación para este tipo de transporte y fotocopia de la autorización especial que se posea en caso de solicitar ampliación a otras materias.

La vigencia de esta autorización será de cinco años, prorrogable por periodos de cinco años, siempre que se reúnan los requisitos y durante el último año se haya seguido un curso de actualización y perfeccionamiento y se hayan superado las pruebas de aptitud correspondientes.


CONDUCIR EN EL EXTRANJERO

Obviamente las normas del Reglamento General de Conductores tienen como ámbito de aplicación el territorio nacional, por lo que al viajar al extranjero tendremos que estar a la legislación del país de que se trate.

No obstante lo anterior, de la norma española se puede deducir que, al igual que un extranjero para conducir en nuestro país deberá cumplir una serie de requisitos en función del país del que provenga, los españoles que pretendan conducir en el extranjero deberán también cumplir una serie de requisitos, en primer lugar y el mas importante estar en posesión de un permiso de conducción original vigente.

Los permisos de conducción expedidos en España lo están con arreglo a la normativa de la Unión Europa, por lo que, en principio, serán aceptados y tendrán validez para conducir en cualquiera de los Estados miembros, siempre que, además, el conductor cumpla las normas internas de dichos Estados respecto a las edades requeridas para poder conducir y, en cualquier caso, quedará sometido a las normas de dicho país referentes a los requisitos, períodos de vigencia, sustituciones de permisos, canjes y control de aptitudes psicofísicas, etc., en el caso de residencia prolongada en dicho país.

En el caso de países no comunitarios, debemos distinguir por una parte aquellos países que hubieran suscrito la Convención de Ginebra de 19 de septiembre de 1949 o la de Viena de 8 de noviembre de 1968, en cuyos anexos 9 y 6, respectivamente, se establecen los modelos de permiso de conducción. En la mayoría de estos países el permiso de conducir español, que está expedido de conformidad a dichos anexos, sería aceptado. En los casos en los que existan convenios internacionales multilaterales y bilaterales en los que España sea parte, los permisos de conducir españoles tendrán validez en los términos y en las condiciones que se indique en dichos convenios. Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, lo conveniente es obtener un permiso de conducción internacional, especialmente y de manera ineludible para conducir en aquellos países que así lo exijan. Este permiso internacional de conducción debe estar en conformidad con el modelo del anexo 10 de la Convención de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949, o de acuerdo con el modelo del anexo E de la Convención Internacional de París, de 24 de abril de 1926, si se trata de naciones adheridas a este Convenio que no hayan suscrito o prestado adhesión al de Ginebra. El permiso internacional es emitido por la Dirección General de Tráfico, tras el pago de las correspondientes tasas, y, cuando hagamos uso de él en el extranjero, deberá ir acompañado del permiso nacional vigente. Estos permisos no autorizan a conducir en el país de expedición. En algunos países, como ocurre en algunos estados de los Estados Unidos de América, para poder conducir, además de estar en posesión del permiso internacional de conducción, será necesaria la obtención de un permiso temporal de conducción expedido por el estado que corresponda, que habilitará para conducir por dicho periodo, (normalmente treinta días).


PERMISO DE CONDUCIR NO COMUNITARIO

En principio, tal y como establece el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la conducción de vehículos a motor y ciclomotores exigirá haber obtenido previamente la preceptiva autorización administrativa, que se dirigirá a verificar que los conductores tengan los requisitos de capacidad, conocimiento y habilidad necesarios para la conducción del vehículo, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente. El articulo 5º de la misma norma atribuye al Ministerio del Interior, las competencias entre otras, que ejercerá a través del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, de expedir y revisar los permisos y licencias para conducir vehículos a motor y ciclomotores y de canjear, de acuerdo con las normas reglamentarias aplicables, los permisos expedidos en el extranjero cuando así lo prevea la legislación vigente.

Cumplen con lo establecido en el referido articulo 60 de la Ley de Tráfico, es decir, cuentan con la preceptiva autorización administrativa para conducir, los conductores que posean un permiso de conducir según lo dispuesto en el artículo 30.1 del R.G.Con, donde se establece que son válidos para conducir en España los siguientes permisos de conducción:

a) Los nacionales de otros países expedidos de acuerdo con el anexo 9 de la Convención de Ginebra de 19 de Septiembre de 1949, o con el anexo 6 de la Convención de Viena de 8 de Noviembre de 1968, o que difieran de dichos modelos solamente en la adopción o supresión de rúbricas no esenciales.

b) Los nacionales de otros países que estén redactados en castellano o vayan acompañados de una traducción oficial al mismo. Se entenderá por traducción oficial la realizada por intérpretes jurados, por los Cónsules de España en el extranjero, por los Cónsules en España del país que haya expedido el permiso, o por un organismo o entidad autorizados al efecto. (el Real Automóvil Club de España RACE).

c) Los internacionales expedidos en el extranjero de conformidad con el modelo del anexo 10 de la Convención de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949, o de acuerdo con el modelo del anexo E de la Convención Internacional de París, de 24 de abril de 1926

d) Los reconocidos en particulares Convenios internacionales multilaterales o bilaterales en los que España sea parte y en las condiciones que se indique en los mismos.

Tal y como establece el artículo 30.2 la validez de todos estos permisos está condicionada a que se hallen dentro del periodo de vigencia señalado en los mismos, su titular tenga la edad requerida en España para la obtención del permiso español equivalente y, además, a que no haya transcurrido el plazo de seis meses, como máximo, contado desde que sus titulares adquieran su residencia normal en España. Cuando se trate de permisos reconocidos en particulares Convenios internacionales se estará a lo establecido en los mismos.

Es decir, la validez de estos permisos en España es, en cualquier caso, TEMPORAL, así, según el artículo 30.3 de la misma norma, transcurrido el plazo de seis meses desde que los titulares adquieran la residencia normal, estos permisos dejan de tener validez para conducir en España y sus titulares tendrán que obtener un permiso español si desean seguir conduciendo, pero para obtenerlo habrán de ser comprobados los requisitos y tendrán que superar las pruebas correspondientes, excepto en los casos de los permisos reconocidos en convenios bilaterales, en los que esté reconocido el canje, que se realizará de acuerdo con las condiciones que se indiquen en dichos convenios.

Tal y como establece la Disposición Adicional Segunda del Reglamento de Conductores, a los efectos del reglamento, se entenderá como RESIDENCIA NORMAL el lugar en el que permanezca una persona habitualmente, es decir, durante al menos 185 días por cada año natural, (computable, por tanto, desde el 01 de enero al 31 de diciembre del mismo año), debido a vínculos personales y profesionales o solo a vínculos personales que indiquen una relación estrecha entre dicha persona y el lugar en el que habite. Pero en todo caso, únicamente se entenderá por residencia normal la permanencia en España en situación REGULAR que deberá ser debidamente acreditada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000. Lo cual quiere decir que si un extranjero carece de la correspondiente “autorización de residencia” (tarjeta de residencia), aunque resida de forma habitual en España, no se le podrá reconocer la residencia normal necesaria para poder optar al canje de su permiso de conducir original.

El plazo de 185 días desde que se adquiera la residencia normal, en la práctica, se amplía a un año, tal y como fue reconocido en la Instrucción 01/C-55 de 5 de Noviembre de 2001 de la Dirección General de Tráfico, dado que a los 185 días desde la adquisición de la residencia normal hay que sumar los 180 días de estancia, (90 días de estancia inicial, mas otros 90 días de la posible prórroga de estancia). De esta forma, (indirectamente), se equiparan los plazos de los permisos de conducir extranjeros que cumplan los requisitos del articulo 30 del R.G.Con con el plazo de un año de validez de los permisos de conducir internacionales.


PERMISO DE CONDUCIR COMUNITARIO

Los permisos de conducir expedidos por los estados miembros de la Unión Europea, (y por los estados que firmaron el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo), han pasado por distintas fases en el reconocimiento mutuo entre los distintos estados de la Unión tratando de alcanzar y de hacer efectivo el derecho a la libertad de circulación de los ciudadanos europeos. La primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 1980, por la que se establecía un permiso de conducir comunitario, (que obligó a la modificación del Código de la Circulación para adaptarlo al derecho comunitario en esta materia), excluyó a los ciudadanos europeos que pretendieran canjear sus permisos de conducir de la obligación de aportar una traducción del permiso y un certificado de equivalencia; de realizar exámenes de conducción y de someterse a reconocimientos psicofísicos. Posteriormente, una segunda Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas, la 91/439, (modificada posteriormente por otras tres nuevas directivas del Consejo de la Unión Europea), introdujo la inscripción en el Registro de Conductores de los datos del permiso; el canje de los permisos comunitarios sin sometimiento a plazos y la sustitución de dichos permisos en los casos de pérdida, sustracción o deterioro.

El R.G.Con. de 1997 acogió y reguló la inscripción registral como alternativa al canje de los permisos de conducción comunitarios y estableció un plazo de seis meses para instar dicha inscripción, contados desde la formalización de la residencia normal en España del ciudadano comunitario. Mediante la inscripción se anotaba el domicilio de la residencia en España del titular del permiso, quien, en adelante, quedaría sometido al los reconocimientos periódicos de sus aptitudes psicofísicas de acuerdo con las normas españolas.

Si no se instaba la inscripción en dicho plazo o si el conductor omitía el reconocimiento psicofísico previsto en la legislación española, dicho permiso de conducir no le autorizaba a conducir en España hasta tanto no se hubiera realizado la inscripción o hasta tanto el conductor se hubiera sometido a reconocimiento psicofísico con resultado de apto.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 2004, condenó a España por incumplimiento de la Directiva 91/439, por haber acogido los artículos 22, 23, 24 y 25.2, del R.G.Con. Dicha sentencia precisaba la regulación de esta materia y establecía que los permisos de conducir comunitarios son válidos para conducir en España sin que sea necesaria su inscripción en los registros españoles, ni su canje, ni cualquier otra formalidad.

Para dar cumplimiento al contenido de esta importante sentencia, el R.G.Con. ha sido modificado por el R.D: 62/2006, de 27 de Enero, por el que se da nueva redacción a los artículos 22, 23, 24 y 25.

Así, tal y como establece el articulo 21 del R.G.Con los permisos expedidos por los estados miembros de la Unión Europea con arreglo a la normativa comunitaria mantienen su validez en España en las condiciones en las que hubieran sido expedidos en su país de origen, salvo que la edad requerida para la conducción será la exigida para obtener el permiso español equivalente.

El artículo 22 del R.G.Con señala que los titulares de permisos de conducción expedidos por otro Estado de la Unión Europea que adquieran la residencia normal en España quedarán sometidos a las disposiciones españolas sobre periodo de vigencia y necesidad de reconocimiento periódico de sus aptitudes psicofísicas, que serán los mismos que para los españoles.

El artículo 23 abandona la obligatoriedad de la inscripción de los datos del permiso de conducción de Estados miembros de la U.E en el Registro de Conductores e Infractores y los titulares de los permisos podrán solicitar voluntariamente dicha inscripción en cualquier jefatura provincial de tráfico, acompañando fotocopia del permiso de conducción que se vaya a inscribir junto con el documento original que será devuelto una vez cotejado, así como otros documentos que procedan.

Finalmente el articulo 24 especifica qué permisos, aún expedidos por estados miembros de la Unión, no habilitan para conducir en España, entre los que se encuentran:

* Los permisos cuyo titular no se hubiera sometido a reconocimiento de sus aptitudes psicofísicas en los plazos establecidos en las normas españolas.

* Aquellos cuyo titular no supere el correspondiente reconocimiento

* Permisos cuyo período de vigencia hubiera vencido.

Por último, el articulo 25 establece la posibilidad de sustitución del permiso de conducir comunitario por el correspondiente español en caso de sustracción, extravío o deterioro del original, para lo que se podrá solicitar un duplicado en cualquier jefatura provincial de tráfico, que lo otorgará en función de la información que conste en el Registro de conductores, completada o suplida en su caso, con un certificado de las autoridades del Estado que hubiera expedido el original. El articulo 26 establece, igualmente, la posibilidad de canje voluntario del permiso expedido en un estado miembro de la Unión por otro permiso español equivalente.

Debido quizás a las múltiples modificaciones que han sufrido las normas que regulan el permiso de conducir comunitario se aprecia una evidente contradicción. Si la inscripción a partir de la última reforma es voluntaria, ¿cómo se controlarán los periodos de vigencia y cómo se articularán los reconocimientos de aptitudes psicofísicas del conductor?. No debemos olvidar que los permisos de conducir expedidos por estados miembros de la Unión que habilitan para conducir en España quedan sometidos a la legislación española en caso de que el titular adquiera la residencia normal en nuestro país y debemos recordar que, hasta tanto no se produzca una armonización, (que ya se anuncia), en cuanto a los periodos de vigencia de todos los permisos comunitarios, en algunos países los plazos son diferentes y en otros, incluso, los permisos son permanentes.

(NOTA: Residencia normal en España, según lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del RGCon (trascripción literal del art. 9 de la Directiva 91/439), es el lugar en el que permanezca una persona habitualmente, es decir, durante al menos 185 días por cada año natural).