EL ARRASTRE DE LATAS

Todos los niños esperábamos con impaciencia la llegada del día 5 de enero. En los días previos, e incluso en la misma mañana del día 5, nos dedicábamos a buscar y recopilar cualquier tipo de envase de lata, saqueábamos recipientes de basura, hurgábamos en las escombreras o en cualquier lugar en el que fuera posible encontrar algún envase tirado y procurábamos hacernos con cualquier olla o cacerola que hubiera quedado en desuso. El mejor trofeo era conseguir las latas o los recipientes más grandes, porque el ruido que hacían al ser arrastrados también era mayor. Con alguna puntilla o con cualquier otro objeto punzante abríamos un agujero en el fondo de la lata y las ensartábamos con una cuerda formando una ristra, de mayor o menor longitud dependiendo de la suerte que hubieras tenido en tu búsqueda, y con ella nos lanzábamos corriendo por las calles tratando de hacer el mayor ruido posible. Cientos de niños corríamos como locos de un lado a otro, unos persiguiéndose y otros cruzándose. La intención, al menos eso era lo que todos los chiquillos pretendíamos, era hacer mucho ruido para que los Reyes Magos supieran que estábamos allí y que queríamos que al día siguiente nos trajeran todos los regalos que habíamos pedido. El arrastre terminaba de forma espontánea, tal y como había empezado, eso si agotados y llenos de ilusión. Los adultos solían mantenerse al margen de toda esta actividad infantil e incluso algunos tuvimos que soportar más de una regañina por el ruido y las molestias que causábamos a los vecinos.

Al hacernos mayores íbamos abandonando el arrastre, pero la tradición se fue manteniendo año tras año con las nuevas generaciones, aunque, quizás debido a la modificación de las formas de vida y el desarrollo del consumismo, cada vez eran menos los niños que retomaban cada año sus latas y el arrastre. No llegó a perderse totalmente, pero durante algunos años a penas si se oía el cansino ruido del arrastre.

A finales de los años 90, gracias a la iniciativa de una asociación de vecinos, se volvió a retomar la vieja costumbre, pero esta vez organizado por adultos que, posiblemente con cierta nostalgia, echaban de menos el ruido previo al día de Reyes. La idea caló y el Ayuntamiento se encargó de organizar esta celebración, diseñando recorridos y organizando actuaciones, concursos y entregas de regalos y premios. . Hoy la celebración del día de las latas es multitudinaria, miles de niños acompañados por sus padres acuden a la cita anual y realizan el recorrido marcado que suele terminar en el «Llano Amarillo», junto a la dársena del puerto, donde se produce el encuentro con los Reyes que visitan la ciudad.

Cuentan que esta costumbre es singular y única en España y que cuenta con más de un siglo de antigüedad y poco a poco se ha ido extendiendo a otras poblaciones de la comarca. El arrastre de latas se ha ido llenando de mitos y leyendas sobre su origen. Se ha extendido la leyenda de que con el ruido, los niños lo que trataban era de llamar la atención de los Reyes para que visitaran sus casas y no se perdieran en la niebla creada por «El Gigante de Botafuegos». Esta leyenda no responde a la tradición sino que, como explica Juan Ignacio Pérez Palomares, tuvo su origen en un cuento basado en elementos de tradición oral que él mismo se encargó de recopilar, escribir y publicar. Su origen real podría estar en un momento de penuria económica, en el que los padres no podían hacer frente a la compra de regalos y juguetes para sus hijos, y los niños en rebeldía hacían sonar las latas para llamar la atención y pedir que los Reyes no se olvidaran de ellos o bien podría estar en que los niños en vísperas de Reyes arrastraban sus viejos juguetes (en aquella época normalmente de latón) para que los Reyes les trajeran otros nuevos y que sustituyeran a los ya viejos y estropeados.


DEJAR DE FUMAR

En las fechas próximas al cambio de año, solemos plantearnos aquellas cosas que desearíamos cambiar en nuestras vidas. Podemos proponernos, por ejemplo, ser mejores personas, hacer más deporte, arreglar esos asuntillos que nos han alejado de la familia o de los amigos, perder peso, ver menos la tele, trabajar menos o hacerlo con mayor pasión, pintar la casa, cambiar de coche, etc. El clásico entre los clásicos no es otro que la pretensión de dejar de fumar. Algunos se lo plantean en serio, o se lo plantearon en su momento, y no han tenido, y no tendrán, que renovar su promesa. Otros, en cambio, reiteramos una y otra vez con firmeza nuestro propósito de dejar definitivamente el tabaco, quizás guiados por aquel dicho atribuido a Mark Twain: “Dejar de fumar es fácil, yo lo he dejado varias veces”. Renovando cada año nuestra promesa, demostramos su vigencia. Así que dejaremos el tabaco este año antes que el tabaco nos deje definitivamente a nosotros, eso seguro.

El Estado, como Estado Social (recuerden aquello de que España es un estado social y democrático de derecho), debe velar por la salud de sus ciudadanos, incluso de aquellos que no desean que el Estado Social vele por su salud, pero especialmente de aquellos que se han dado en llamar “fumadores pasivos” y para conseguir ese objetivo utiliza los medios que tiene a su alcance. Por una parte pone a nuestra disposición los medios para que, aquél que quiera, pueda libremente exhalar humos en la cantidad que desee (a un precio cada vez más prohibitivo, eso sí) y estanca los elementos para conseguirlo, pero permite rendijas por donde se expende con total libertad, incluso en lugares donde ya no se permitirá su consumo o, incluso, en lugares donde antes no se permitía su venta (pj. gasolineras). Por otra, decidiendo dónde y cómo hemos de ejercer ese derecho, actividad o práctica, evitando que los que no deseen ver sus pulmones ennegrecidos se vean obligados a tragarse los humos ajenos. Algo que, por otra parte, parece de cajón. A tal fin responde la modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco (osea, la Ley Anti-tabaco), por la Ley 42/2010, de 30 de diciembre. Esta ley no necesita mayor presentación, pues es de sobra conocida por todos (pocas veces una ley y su posterior modificación ha gozado de un conocimiento popular tan amplio, aunque se desconozcan determinados aspectos de su regulación).

En lo que no parece existir acuerdo es sobre “quién debe poner el cascabel al gato”, es decir, a quien compete vigilar, controlar, inspeccionar y denunciar el cumplimiento e incumplimientos de la ley. Según el Ministerio de Sanidad, es competencia de las Comunidades Autónomas y de las ciudades con estatuto de autonomía, las funciones principales de control e inspección, de oficio o a instancia de parte, así como la instrucción de los expedientes sancionadores e imposición de sanciones, mientras que al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad le corresponden esas mismas funciones en el transporte aéreo, marítimo y terrestre internacional y supraautonómico y en aquellos recintos, dependencias o medios que, por sus características, excedan del ámbito competencial de las comunidades autónomas.

Por tanto, siendo una competencia fundamentalmente autonómica tendrán que ser los servicios de inspección propios a los que competa la vigilancia y denuncia de los incumplimientos de la ley o bien, competiría a los cuerpos de policía propios de cada comunidad, (policías autonómicas y policías adscritas). Pero como una ley, esta ley, forma parte de todo el ordenamiento jurídico, no es posible acotar de forma radical el catalogo de competencias, además, y por otra parte, los servicios propios de las comunidades autónomas serían totalmente insuficientes para vigilar y controlar cada uno de los establecimientos y espacios afectados por esta norma, lo que la convertirían en papel mojado. Todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la policía local, tienen la obligación de hacer cumplir todas las leyes del Estado y ésta no puede ser una excepción. Así a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad les compete, por mandato de la Constitución, la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Entre los derechos, que ahora se delimitan y perfilan con esta nueva ley, se encuentra el derecho a la salud, tanto de los ciudadanos en general, como de los trabajadores en sus centros de trabajo y, especialmente, de los menores. Para hacer valer estos derechos, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán hacer uso de la “coacción legal o la fuerza”, incluyendo el restringir o limitar la permanencia en alguno de los establecimientos afectados por la norma de aquellas personas que incumplan la prohibición.

En cuanto a qué cuerpo policial tendría competencia prioritaria, entiendo que la competencia afecta a todos por igual. Santiago Aguerri, Intendente de la Policía Local de Zaragoza, en un gran trabajo que podréis consultar en este mismo blog, analiza de forma pormenorizada la competencia de las policías locales en este ámbito y llega a la conclusión de que, como el resto de cuerpos de seguridad, las policías locales, no solo son competentes para denunciar los incumplimientos a esta ley, sino que tienen la obligación de intervenir y denunciar, porque, tal y como dice Santiago, difícil será que las policías locales protejan los derechos de los que no desean que se fume si no intervienen y se mantienen al margen. Por lo que será obligatorio acudir a cualquier requerimiento ciudadano en cumplimiento del mandato constitucional.

Otra cosa distinta es, y será, que sean las policías locales, finalmente, a las únicas a las que se les requiera. Ya se ha comentado en algunos foros que en determinadas ciudades, en las primeras horas y días de vigencia de la norma, los requerimientos para denunciar incumplimientos a la ley se han dirigido fundamentalmente a las policías locales, en lugar de hacerlo a las policías autonómicas o adscritas, o a las policías del Estado. Ya algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Granada, se han apresurado en afirmar que la tarea de la Policía Local no es velar por el cumplimiento de esta ley y que, por lo tanto, no actuará como inspectora, aunque si acudirán a aquellos locales y espacios donde se incumpla la normativa si los agentes reciben denuncias ciudadanas. Y la mayor pega que se encuentran o se han encontrado los ayuntamientos es que ni desde el Ministerio, ni desde las Consejerías de Salud, se han establecido los protocolos sobre cómo actuar ante los posibles incumplimientos y, además, como ya suele ser habitual, no se ha destinado ningún tipo de recursos para atender estas nuevas demandas, por lo que las Policías Locales y los Ayuntamientos siguen asumiendo competencias sin ningún tipo de contrapartida y sin ningún tipo de provisión de recursos.

Difícil papeleta la que tienen, tanto los propietarios de los establecimientos, como los agentes de policía. Aquellos porque ya se han enfrentado con problemas derivados de la aplicación de esta nueva norma: enfrentamientos entre fumadores y no fumadores que han finalizado con el propietario del establecimiento lesionado; propietarios que han de ejercer como delatores para salvar su responsabilidad por el incumplimiento de la obligación de no fumar y ello teniendo en cuenta que los empresarios no cuentan con poder legal para echar o no permitir la entrada a sus establecimiento a quienes decidan encender un cigarrillo o pretendan acceder fumando, dado que la regulación del derecho de admisión no ha sido reformado. Y los agentes de policía porque se enfrentan a una nueva tarea para la que, en la generalidad de los casos, no se han previsto los mecanismos y protocolos de actuación y ya se han producido los primeros enfrentamientos con detenciones (como el caso de un enfermo que se negó a dejar de fumar en un centro hospitalario, derivando a una desobediencia grave), y se han enfrentado, por ejemplo, a la “insumisión” como el caso del hostelero marbellí, quién ha decidido permitir fumar en su restaurante hasta que un juez emita una orden de cierre del establecimiento.

Así que, no obstante, habrá que dejar de fumar, al menos una vez más, si queremos evitarnos problemas.

 

DESCARGAS:

LA POTESTAD POLICIAL PARA HACER CUMPLIR LAS LEYES

(Intendente Santiago Aguerri)

DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LA LEY ANTI-TABACO

(Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad)

 


DECLARACIÓN DE TESTIGOS EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Testigo es la persona física que, sin ser parte en el proceso, es llamada a declarar por los órganos judiciales, según su experiencia personal, acerca de la existencia y naturaleza de unos hechos conocidos con anterioridad al proceso, bien por haberlos presenciado como testigo directo, bien por haber tenido noticia de ellos por otros medios como testigo de referencia.

El testigo ha de ser ajeno a los derechos que se ventilen en el proceso, por lo que no podrían actuar como testigos, ni el Juez ni el fiscal encargados de intervenir en el procedimiento, salvo que se abstengan de actuar como juez o como fiscal. Tampoco podrían actuar como testigos los acusados de un hecho delictivo, aún cuando, evidentemente, si podrán prestar declaración con independencia de su posición procesal. Las declaraciones de los acusados, aún siendo del mismo tipo que la de los testigos, no tienen el carácter de testimonio, ya que los deberes del testigo y del acusado son diferentes y también lo son diferentes las consecuencias de sus actos.

La condición o cualidad de testigo, teniendo en cuenta que esta cualidad está determinada por el ordenamiento jurídico y tiene trascendencia procesal y penal, solo se adquiere desde la citación judicial, siempre que esta citación se realice con todas las formalidades legales. Es decir, la cualidad de testigo no se tiene solo por conocer unos hechos y tampoco se adquiere en una intervención anterior al proceso penal.

Hay que tener en cuenta que la obligación de comparecer y de declarar del testigo nace a raíz de la citación judicial, por lo tanto, no existe un deber jurídico de comparecer y de prestar declaración ante las autoridades policiales, aún cuando, los testimonios recogidos por la policía se deben incorporar al atestado que será remitido a la autoridad judicial. Cuando los hechos referidos no sean de conocimiento directo, la policía deberá indicar en el atestado su fuente de conocimiento, informando de las circunstancias, tanto de tiempo, modo y lugar, que hagan verosímil el conocimiento de los hechos por el testigo.

El testigo deberá cumplir su obligación de comparecer y de declarar, salvo cuando se encuentre físicamente impedido. No obstante, existen excepciones al deber de comparecer, por ejemplo a las personas pertenecientes a la Familia Real, Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, etc., que podrán informar por escrito.

Prestar declaración consiste en manifestar de forma voluntaria y consciente sobre percepciones sensoriales sobre datos o hechos anteriores a la declaración y que el testigo ha adquirido fuera del procedimiento de forma directa o por referencia. El incumplimiento de esta obligación puede ser castigado con multa y, en caso de persistencia, el testigo podría ser procesado por desobediencia grave a la Autoridad.

Existen diversas causas que eximen al testigo del deber de declarar: por incapacidad física o moral; para evitar la propia inculpación; por razón de parentesco o por guardar secreto profesional. El que determinadas personas estén exentas de prestar declaración no significa que no puedan hacerlo, independientemente de que con ello se infrinja algún deber jurídico.

En el caso de parientes, no están obligados a declarar los parientes del imputado en línea recta ascendente o descendente, su cónyuge y hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los hijos naturales respecto de la madre en todo caso, y respecto del padre cuando estuvieren reconocidos, así como la madre y el padre en iguales casos. Hay que incluir a aquéllas personas que mantienen vínculos de afectividad análogos al matrimonio Tampoco estarían obligados a contestar preguntas, con cuya respuesta puedan perjudicar material o moralmente, de manera directa e importante a la persona o fortuna de alguno de dichos parientes, aun cuando no sean imputados. En estos casos, tal y como establece el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el “instructor” tiene la obligación de advertirles del derecho que les asiste de no declarar en contra del procesado, pero que pueden hacer las manifestaciones que consideren oportunas.

En el seminario sobre “Criterios de interpretación de la Ley Integral en sede de enjuiciamiento”, organizado por el Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, celebrado en Madrid, los días 14, 15 y 16 de octubre de 2009, (sobre la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), se planteó, entre otras cuestiones, si esa obligación de informar sobre la dispensa del deber de declarar es aplicable al testigo víctima que acude a denunciar ante la policía. Se llegó a la conclusión de que no es aplicable al testigo víctima que presenta la denuncia, tal y como ha resulto el Tribunal Supremo, que estima que existe una renuncia implícita cuando la propia víctima formaliza la denuncia de forma espontánea. El derecho es renunciable en beneficio de los testigos, pero no de los denunciantes espontáneos respecto de hechos que los han perjudicado y que acuden a la policía en busca de protección.

Si la víctima que no es la que asume la iniciativa de presentar la denuncia ante la policía, si le sería aplicable la dispensa, tal y como ha declarado el Tribunal Supremo, del mismo modo que también sería aplicable la dispensa en los casos en los que la víctima testigo acude posteriormente a declarar ante el juzgado de instrucción. En estos casos la víctima debe ser informada de este derecho y en caso contrario se podría declarar la nulidad de la declaración.

Para lo que afecta a la policía, hay que tener presente que estas advertencias sobre el derecho a no declarar deben realizarse tanto en sede policial, es decir, por los agentes que estén instruyendo el atestado, como en sede judicial (instrucción y plenario). Esta dispensa es un derecho del que deben ser advertidos las personas que encontrándose en esa relación sean requeridas para participar en la indagación de hechos delictivos y para declarar sobre aquello que conozcan y que contribuya al esclarecimiento de lo que se investiga. Es un derecho del pariente del que debe ser advertido, y que actúa cuando se produce un previo requerimiento por la fuerza instructora o el Juez de instrucción. Es decir, así como no es preceptivo realizarlo respecto a la persona que acude a la policía en demanda de auxilio, sí que es necesario realizarlo cuando, conocida la «notitia criminis», se investiga el delito. En este sentido la policía y el Juez de instrucción deben, antes de recibir declaración sobre los hechos, hacer la información sobre el contenido de la dispensa a declarar y a colaborar en la indagación de un hecho delictivo que se investiga. La ausencia de advertencia a la víctima de su derecho a no declarar conlleva la nulidad de la declaración que haya realizado con imposibilidad de que pueda ser valorada, aunque esto no anularía el juicio en sí.

En el seminario también se cuestionó el valor que tendría la declaración prestada en juicio tras acogerse al derecho a no declarar. Tras reconocer que se trata de un supuesto poco frecuente y que supone un desarrollo anormal del juicio, se llegó a la conclusión de que una vez que el testigo se ha acogido a su derecho a no declarar no debe permitirse que sea interrogado o que conteste a preguntas y, sí aún así lo hiciera, no tendrían valor alguno como prueba de cargo.


LOS NÚMEROS DE 2010

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Lugares de interés en 2010

Estas son las entradas y páginas con más visitas en 2010.

1

¿QUÉ HACE LA POLICÍA LOCAL? marzo, 2010
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2

DELITOS POR CONDUCIR SIN PERMISO O LICENCIA diciembre, 2009
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3

JUICIO DE FALTAS septiembre, 2009
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4

LA INHABILITACIÓN Y LA REHABILITACIÓN febrero, 2009
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5

¿Cobran comisión por poner multas? agosto, 2009
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PEDRO, POLICÍA LOCAL DE ARROYO DE SAN SERVÁN

Para quien no lo sepa Pedro José Torrado es el policía local de Arroyo de San Serván (Badajoz), que hace unos día liberó a una niña de 14 años que había sido raptada y obligada a prostituirse. La menor, según parece, procedía de un barrio lujoso de Madrid y se enamoró de un joven rumano, quien, por más señas, se dedicaba a robar coches. La menor fue obligada a prostituirse y así ha permanecido durante más de dos meses.

Tras la intervención de Pedro, trece personas fueron detenidas por la guardia civil acusados de detención ilegal, extorsión y exploración sexual. De entre los detenidos siete son miembros de la familia rumana que la había raptado y otros cinco vecinos del pueblo, entre ellos, el juez de paz y, según parece, un concejal de Izquierda Unida, quien tras ser detenido y puesto en libertad con cargos, se quitó la vida pegándose un tiro en la cabeza con una escopeta de caza. Toda una sórdida historia que ha acaparado la atención de los medios de comunicación de todo el país.

El calvario que ha debido sufrir la menor es difícilmente imaginable. Fue engañada por su “novio” rumano, a quien, según la información facilitada por los medios de comunicación, conoció en la calle, se encaprichó de él y, tras varios encuentros, la convenció para que le acompañara hasta el pueblo. El joven rumano y su familia la sometieron malos tratos y todo apunta a que fue ofrecida sexualmente los vecinos del pueblo por treinta o cincuenta euros durante casi tres meses. Y todo ello con el desconocimiento de una parte de la población, la complicidad de otra parte y el silencio de la mayoría. Ni el ayuntamiento sabia nada, ni la guardia civil, ni la jueza que investiga el caso, ni nadie.

Fue únicamente Pedro quien decidió tomar cartas en el asunto y, tras tener noticias de lo que estaba ocurriendo, acabó con el cautiverio de la menor liberándola. Pedro había conseguido localizar el paradero de la niña gracias a sus confidentes. Tras ser rescatada, Pedro la entregó a la Guardia Civil y posteriormente fue trasladada a un centro de menores de Montijo, donde pudo contactar por primera vez con sus padres. “Era una niña de 14 años que aparentaba tener 12. Delgadita, muy poquita cosa, asustada y estaba muy débil. Intenté tranquilizarla”. Contaba el policía Pedro en días posteriores.

A pesar de la escabrosidad de la historia, parecía que se prometía un final feliz. Pero no fue así. Pedro, nuestro personaje, el autor de la liberación de la niña y que unos día antes era considerado un héroe por su acción, fue detenido el día de nochebuena por la Guardia Civil.

Ha sido acusado de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, es decir, se le acusa de haber filtrado información confidencial a la prensa sobre el rescate de la niña, después de que la jueza de instrucción de Montijo decretara el secreto del sumario para proteger a la menor.

Realmente es difícil comprender determinadas cosas. No parece lógico que la única persona que tuvo la iniciativa para rescatar a la niña, con mejor o peor criterio, pero con absoluto éxito, se encuentre ahora incurso en una acusación por revelar supuestos «datos» confidenciales, cuando en este país, si de algo podemos sentirnos especialmente «orgullosos» es precisamente de que la opinión publica conoce detalles de determinadas investigaciones declaradas secretas por los respectivos jueces, antes incluso que los propios investigados o imputados y de que los casos más aberrantes ocurridos en los últimos años se han ventilados en las tertulias televisivas sin que nadie haya hecho absolutamente nada para remediarlo. Es realmente chocante que en un primer momento los acontecimientos tuvieran como centro de atención lo realmente importante de la historia, que no es ni más ni menos que la liberación de la menor, y que se haya desviado el punto de atención hacia la persona que efectivamente ha propiciado que esa historia tuviera un final razonablemente feliz, pero no precisamente para reconocerle su acción, sino para todo lo contrario.

Pedro fue detenido en nochebuena, como un vulgar delincuente. No podían haber esperado a otro momento más oportuno. Ni su condición de agente de la autoridad, ni su entrega al realizar un más que meritorio servicio a la sociedad, ni que es una persona muy conocida en el pueblo, fueron tenidos en cuenta por los agentes de la Guardia Civil que procedieron a su detención, a pesar de que no existieran indicios de que Pedro pretendiera eludir la acción de la justicia, en el supuesto de que sus declaraciones hubieran perjudicado de alguna forma la investigación, y a pesar de que esa investigación y las posteriores detenciones no se habrían iniciado si no hubiera sido por la intervención de Pedro (al menos es probable que los hechos hubieran tardado más en conocerse y se habría prolongado el sufrimiento de la menor).

La esposa de Pedro apunta que la iniciativa de la detención no partió de la jueza, sino de la Guardia Civil, aunque aquella ha tomado la denuncia en consideración, y en algunos foros se apunta a rencillas personales. No lo sé, supongo que eso se aclarará en las próximas semanas.

Lo que si parece cierto, al menos así parece publicado en facebook, es que Pedro viene denunciando desde hace algún tiempo acoso laboral en su trabajo.