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DEJAR DE FUMAR

En las fechas próximas al cambio de año, solemos plantearnos aquellas cosas que desearíamos cambiar en nuestras vidas. Podemos proponernos, por ejemplo, ser mejores personas, hacer más deporte, arreglar esos asuntillos que nos han alejado de la familia o de los amigos, perder peso, ver menos la tele, trabajar menos o hacerlo con mayor pasión, pintar la casa, cambiar de coche, etc. El clásico entre los clásicos no es otro que la pretensión de dejar de fumar. Algunos se lo plantean en serio, o se lo plantearon en su momento, y no han tenido, y no tendrán, que renovar su promesa. Otros, en cambio, reiteramos una y otra vez con firmeza nuestro propósito de dejar definitivamente el tabaco, quizás guiados por aquel dicho atribuido a Mark Twain: “Dejar de fumar es fácil, yo lo he dejado varias veces”. Renovando cada año nuestra promesa, demostramos su vigencia. Así que dejaremos el tabaco este año antes que el tabaco nos deje definitivamente a nosotros, eso seguro.

El Estado, como Estado Social (recuerden aquello de que España es un estado social y democrático de derecho), debe velar por la salud de sus ciudadanos, incluso de aquellos que no desean que el Estado Social vele por su salud, pero especialmente de aquellos que se han dado en llamar “fumadores pasivos” y para conseguir ese objetivo utiliza los medios que tiene a su alcance. Por una parte pone a nuestra disposición los medios para que, aquél que quiera, pueda libremente exhalar humos en la cantidad que desee (a un precio cada vez más prohibitivo, eso sí) y estanca los elementos para conseguirlo, pero permite rendijas por donde se expende con total libertad, incluso en lugares donde ya no se permitirá su consumo o, incluso, en lugares donde antes no se permitía su venta (pj. gasolineras). Por otra, decidiendo dónde y cómo hemos de ejercer ese derecho, actividad o práctica, evitando que los que no deseen ver sus pulmones ennegrecidos se vean obligados a tragarse los humos ajenos. Algo que, por otra parte, parece de cajón. A tal fin responde la modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco (osea, la Ley Anti-tabaco), por la Ley 42/2010, de 30 de diciembre. Esta ley no necesita mayor presentación, pues es de sobra conocida por todos (pocas veces una ley y su posterior modificación ha gozado de un conocimiento popular tan amplio, aunque se desconozcan determinados aspectos de su regulación).

En lo que no parece existir acuerdo es sobre “quién debe poner el cascabel al gato”, es decir, a quien compete vigilar, controlar, inspeccionar y denunciar el cumplimiento e incumplimientos de la ley. Según el Ministerio de Sanidad, es competencia de las Comunidades Autónomas y de las ciudades con estatuto de autonomía, las funciones principales de control e inspección, de oficio o a instancia de parte, así como la instrucción de los expedientes sancionadores e imposición de sanciones, mientras que al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad le corresponden esas mismas funciones en el transporte aéreo, marítimo y terrestre internacional y supraautonómico y en aquellos recintos, dependencias o medios que, por sus características, excedan del ámbito competencial de las comunidades autónomas.

Por tanto, siendo una competencia fundamentalmente autonómica tendrán que ser los servicios de inspección propios a los que competa la vigilancia y denuncia de los incumplimientos de la ley o bien, competiría a los cuerpos de policía propios de cada comunidad, (policías autonómicas y policías adscritas). Pero como una ley, esta ley, forma parte de todo el ordenamiento jurídico, no es posible acotar de forma radical el catalogo de competencias, además, y por otra parte, los servicios propios de las comunidades autónomas serían totalmente insuficientes para vigilar y controlar cada uno de los establecimientos y espacios afectados por esta norma, lo que la convertirían en papel mojado. Todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la policía local, tienen la obligación de hacer cumplir todas las leyes del Estado y ésta no puede ser una excepción. Así a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad les compete, por mandato de la Constitución, la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Entre los derechos, que ahora se delimitan y perfilan con esta nueva ley, se encuentra el derecho a la salud, tanto de los ciudadanos en general, como de los trabajadores en sus centros de trabajo y, especialmente, de los menores. Para hacer valer estos derechos, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán hacer uso de la “coacción legal o la fuerza”, incluyendo el restringir o limitar la permanencia en alguno de los establecimientos afectados por la norma de aquellas personas que incumplan la prohibición.

En cuanto a qué cuerpo policial tendría competencia prioritaria, entiendo que la competencia afecta a todos por igual. Santiago Aguerri, Intendente de la Policía Local de Zaragoza, en un gran trabajo que podréis consultar en este mismo blog, analiza de forma pormenorizada la competencia de las policías locales en este ámbito y llega a la conclusión de que, como el resto de cuerpos de seguridad, las policías locales, no solo son competentes para denunciar los incumplimientos a esta ley, sino que tienen la obligación de intervenir y denunciar, porque, tal y como dice Santiago, difícil será que las policías locales protejan los derechos de los que no desean que se fume si no intervienen y se mantienen al margen. Por lo que será obligatorio acudir a cualquier requerimiento ciudadano en cumplimiento del mandato constitucional.

Otra cosa distinta es, y será, que sean las policías locales, finalmente, a las únicas a las que se les requiera. Ya se ha comentado en algunos foros que en determinadas ciudades, en las primeras horas y días de vigencia de la norma, los requerimientos para denunciar incumplimientos a la ley se han dirigido fundamentalmente a las policías locales, en lugar de hacerlo a las policías autonómicas o adscritas, o a las policías del Estado. Ya algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Granada, se han apresurado en afirmar que la tarea de la Policía Local no es velar por el cumplimiento de esta ley y que, por lo tanto, no actuará como inspectora, aunque si acudirán a aquellos locales y espacios donde se incumpla la normativa si los agentes reciben denuncias ciudadanas. Y la mayor pega que se encuentran o se han encontrado los ayuntamientos es que ni desde el Ministerio, ni desde las Consejerías de Salud, se han establecido los protocolos sobre cómo actuar ante los posibles incumplimientos y, además, como ya suele ser habitual, no se ha destinado ningún tipo de recursos para atender estas nuevas demandas, por lo que las Policías Locales y los Ayuntamientos siguen asumiendo competencias sin ningún tipo de contrapartida y sin ningún tipo de provisión de recursos.

Difícil papeleta la que tienen, tanto los propietarios de los establecimientos, como los agentes de policía. Aquellos porque ya se han enfrentado con problemas derivados de la aplicación de esta nueva norma: enfrentamientos entre fumadores y no fumadores que han finalizado con el propietario del establecimiento lesionado; propietarios que han de ejercer como delatores para salvar su responsabilidad por el incumplimiento de la obligación de no fumar y ello teniendo en cuenta que los empresarios no cuentan con poder legal para echar o no permitir la entrada a sus establecimiento a quienes decidan encender un cigarrillo o pretendan acceder fumando, dado que la regulación del derecho de admisión no ha sido reformado. Y los agentes de policía porque se enfrentan a una nueva tarea para la que, en la generalidad de los casos, no se han previsto los mecanismos y protocolos de actuación y ya se han producido los primeros enfrentamientos con detenciones (como el caso de un enfermo que se negó a dejar de fumar en un centro hospitalario, derivando a una desobediencia grave), y se han enfrentado, por ejemplo, a la “insumisión” como el caso del hostelero marbellí, quién ha decidido permitir fumar en su restaurante hasta que un juez emita una orden de cierre del establecimiento.

Así que, no obstante, habrá que dejar de fumar, al menos una vez más, si queremos evitarnos problemas.

 

DESCARGAS:

LA POTESTAD POLICIAL PARA HACER CUMPLIR LAS LEYES

(Intendente Santiago Aguerri)

DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LA LEY ANTI-TABACO

(Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad)

 

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RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA NACIONAL Y LOCAL: EL CONSUMO DE ALCOHOL

El pasado 21 de mayo se publicó en el BOE 124, la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

Esta nueva ley tiene carácter de Orgánica, salvo los artículos 19 a 47, ambos inclusive, así como las disposiciones adicionales, las disposiciones transitorias, el apartado segundo de la disposición derogatoria única y las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y séptima, es decir, tendrán rango orgánico el título preliminar y el título I en su conjunto, así como cinco artículos del título II, por recoger aspectos básicos del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución.

Hay que recordar también como novedad, que esta norma será aplicable a los Cuerpos de Policía Local en virtud de lo manifestado en la Disposición Adicional Sexta. Novedad que no es tal para los cuerpos de policía local de Andalucía, por cuanto la Ley de Coordinación de la Policía Local de 2001 de esta comunidad ya preveía que el régimen disciplinario aplicable a los miembros de los Cuerpos de la Policía Local es el establecido para el Cuerpo Nacional de Policía.

Un lector de este blog preguntaba, acertadamente, si se había incluido o no la prohibición de beber alcohol estando de servicio, tal y como había anunciado el Ministro del Interior, y ello me ha llevado a tratar de encontrar una respuesta adecuada, cuya contestación, por su importancia, excede el ámbito de un simple comentario.

Así es, la ley NO PROHÍBE a los agentes, a los que es de aplicación esta norma, el consumo de alcohol estando de servicio. El artículo 7. l) de la ley sí prohíbe, en cambio, el simple consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio, sancionando también como infracción muy grave el realizar el servicio encontrándose bajo los efectos manifiestos de los productos citados. La prohibición respecto al alcohol es la de EMBRIAGARSE estando de servicio y, al igual que en el caso de las drogas, el prestar servicio encontrándose bajo los efectos manifiestos del alcohol, tal y como ya establecía el Reglamento del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía aprobado por Real Decreto 884/1989, de 14 de julio.

Lo primero que habrá que plantearse será la delimitación del término “embriagarse”. Según el Diccionario de la Rae, embriagarse significaría el causarse a uno mismo un estado de turbación pasajera de la capacidad para ejecutar algo mediante la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, o bien, el propio estado de intoxicación por alcohol.

Si entendemos el término “embriagarse” como un proceso, habría que admitir una prohibición implícita de consumo de alcohol estando de servicio (tolerancia cero). Pero si lo entendemos como un estado, el siguiente problema sería determinar el grado de embriaguez que sería necesario alcanzar para que pueda ser sancionado, porque es evidente que consumir, por ejemplo, una caña de cerveza no podría ser considerado como tal. El primer supuesto podría ser descartado, dado que si se hubiera querido prohibir el consumo se habría prohibido taxativamente de la misma forma que se ha hecho con el resto de sustancias.

La ley no da pistas para determinar qué grado de embriaguez sería punible, por lo que únicamente podemos recurrir a otras normas que regulan determinadas conductas relacionadas con el alcohol, las drogas tóxicas y estupefacientes y su influencia en la capacidad para realizar determinada actividad. Por tanto, sería preciso recurrir a las normas que regulan la conducción y circulación de vehículos y aquí ya se presenta algún que otro problema interpretativo.

Si ponemos en conexión las normas administrativas que regulan la conducción de vehículos, con la norma de la que hablamos, llegaremos a la conclusión de que las distintas tasas reguladas en la norma administrativa solo serían aplicables cuando el agente de servicio, además, tenga que conducir o conduzca vehículos de servicio público (vehículos policiales). En este caso la tasa máxima a aplicar sería de 0,30 gramos de alcohol por litro de sangre o de 0,15 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Pero esta tasa únicamente podría ser tenida en cuenta en relación a la conducción y no podría integrar la infracción disciplinaria del artículo 7.l), dado que esa tasa o niveles ligeramente superiores no implican necesariamente una influencia del alcohol en el comportamiento.

Para apreciar la infracción disciplinaria, el grado de alcohol tendrá que afectar y alterar la capacidad del agente y tendrá que hacerlo de forma “manifiesta”, con signos somáticos externos y con un comportamiento característico derivado o resultante de la ingesta de alcohol o de las demás sustancias citadas en la norma, de forma análoga a como es tenido en cuenta en el ámbito penal. Por influencia habría que entender, por tanto, lo que afecta a algo, en este caso, de forma negativa a las condiciones físicas y psíquicas que han de ser exigibles a un agente de policía mientras desempeña su función.

De la nueva regulación desaparece la nota de la “habitualidad”, que solo se tendrá en cuenta en la infracción grave regulada en el articulo 8.p), donde se establece que constituye infracción grave el embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas fuera del servicio, cuando tales circunstancias tengan carácter habitual o afecten a la imagen del Cuerpo Nacional de Policía. Y define la “habitualidad” como aquellos casos en los que estuvieren acreditados tres o más episodios de embriaguez o consumo de las sustancias referidas en un periodo de un año.

La novedad importante, no obstante todo lo anterior, es la obligación que establece la norma de sometimiento de los agentes a reconocimiento médico, prueba de alcoholemia o de detección de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, legítimamente ordenadas, a fin de constatar la capacidad psicofísica para prestar servicio. La negativa injustificada a someterse a dichas pruebas será sancionada como infracción muy grave.

Finalmente solo queda reseñar que estas conductas (artículo 7.l y 8.p) serán castigadas como infracciones muy graves, con separación del servicio; suspensión de funciones desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años o el traslado forzoso. Sanciones que se graduarán en función de la intencionalidad, la reincidencia, la incidencia sobre la seguridad ciudadana, la perturbación en el normal funcionamiento de la administración o de los servicios que le están encomendados, el grado de afectación a los principios de disciplina, jerarquía y subordinación y el historial profesional, que solo se valorará como circunstancia atenuante.


BREVE HISTORIA DE LA POLICÍA LOCAL DE ALGECIRAS

Tras la conquista de Algeciras en 1344 por el rey castellano Alfonso XI, éste con objeto de proceder a su repoblamiento concede a la ciudad el ordenamiento de 1345. Para hacer efectivo el mismo se instauran las figuras del corregidor, alcalde y alguasil o alguacil.

Sin duda, la presencia de los himicianos “o lo mejor de cada casa” -venidos desde distintos puntos del reino a la ciudad de Algeciras-, haría muy necesaria la presencia y vigilancia del orden público por parte de los populares “alguaciles”, antecedentes de la Policía Local actual.

Tras su destrucción en 1360, Algeciras queda sumida en el olvido de la historia, siendo rescatada para la misma, tras los sucesos que llevaron a la pérdida de Gibraltar.

El 30 de Mayo de 1707, se nombra Alguacil Mayor del Campo de Gibraltar a Pedro Padilla, el cual ostenta la jefatura sobre el resto de alguaciles, teniendo como jurisdicción, los actuales términos de: Algeciras, Los Barrios, San Roque y la Línea de la Concepción.

Con la independencia municipal que consigue la ciudad de Algeciras, respecto a la de San Roque en 1755, el reciente creado consejo o ayuntamiento algecireño, pasa a nombrar a sus propios alguaciles. Pero dadas las características de permanente estado de sitio en el que vive el Campo de Gibraltar, durante todo el siglo XVIII, las competencias del General Gobernador -tanto en lo civil como en lo militar-, le convierten en la máxima autoridad de la zona, por lo que el cuerpo de alguaciles de los distintos municipios, pasan a tener como jefe supremo al Gobernador Militar.

Con la llegada del siglo XIX, la situación de poder del Gobernador Militar, con respecto a las autoridades municipales, se mantiene. En 1827, Fernando VII firma una Real Cédula, atribuyéndoles las competencias de seguridad y orden público, a los corregidores y alcaldes de los diferentes municipios de España. Esto hizo, que a lo largo de los años siguientes, se fuesen constituyendo en todo el país, el cuerpo armado que empezó a denominarse: Guardia Municipal. Uno de los primeros testimonios que demuestan la existencia de este cuerpo en Algeciras -en la segunda mitad del siglo XIX-, lo constituye el relato del asesinato del Alcalde Gaspar Segura, muerto por unos exaltados, con motivo del pronunciamiento nacional, que se produjo en 1868: “sin apiadarse de las lágrimas de su aterrada esposa […], le apuñalaron en sus propios brazos, sin resistencia de la víctima, ni del sargento de la guardia municipal que a última hora, consintió que le acompañara”.

Por aquellas fechas, aún el ayuntamiento no había conseguido tener una sede permanente; dado que la cárcel -antiguo convento de la Merced, construido a mediados del siglo XVIII-, se mantenía gracias al presupuesto municipal, se ha de suponer, que la custodia de los presos correría a cargo de la Guardia Municipal, siendo el recinto carcelario -situado en la calle Imperial, hoy Alfonso XI, frente al actual ayuntamiento-, quizás el primer cuartel de la recién creada Guardia Municipal, antecedente de la actual Policía Local.

Con la llegada del siglo XX, la administración local algecireña -que para entonces contaba con unas dependencias permanentes, desde el 15 de agosto de 1897- se reestructura, siendo nombrado Jefe de la Guardia Municipal, José Gil Dorado; siendo por aquel entonces alcalde, Juan Furest Pons.

Con la llegada del nuevo siglo, un hecho histórico para la ciudad vendrá a poner a prueba la profesionalidad de aquellos primeros agentes. En el segundo semestre de 1905, el ayuntamiento de Algeciras es informado de la elección de la ciudad como sede de la Conferencia Internacional sobre Marruecos. Rápidamente, el ayuntamiento toma una serie de medidas de carácter local para dar la mejor imagen a los visitantes. Se arreglan las diferentes calles de la ciudad, se trata de disponer de un buen alumbrado público, se contrata un intérprete para el servicio del ayuntamiento y se aprueba el cambio de denominación de la Guardia Municipal, por el de Agentes Municipales de Seguridad; así mismo, se aprueba el gasto para la adquisición de nuevos uniformes y armas, y la creación de diez nuevas plazas de agentes (desde finales del pasado siglo XIX, se les exigía, a los guardias de nueva incorporación, saber leer y escribir), para el mejor orden y la seguridad de las personalidades, que se darán cita en el encuentro diplomático internacional.

Con el desarrollo del siglo XX, las competencias del ayuntamiento irán aumentando y con ellas, las competencias de la Guardia Municipal.

Posteriormente, los nuevos tiempos sociales y políticos, harán que necesarios cambios se produzcan en la institución, por un lado, en la década de los años setenta, la mujer se incorpora al cuerpo de los antiguos Guardias Municipales, Agentes Municipales de Seguridad y hoy Policías Locales; por otro lado la legislación a través de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, elevará su grado competencial; y el desarrollo del estatuto de autonomía, le otorgará nueva carta de naturaleza.

La observación directa del vivir diario de la ciudad -para hacer cumplir el estado de derecho vigente-, es la misión esencial de los miembros de la Policía Local, eso les convierte en notarios y testigos directos de su historia.

(Dedicado con todo mi afecto a Soledad, Lourdes y Pepe López; grandes personas y mejores profesionales).

MANUEL TAPIA LEDESMA. Licenciado en Derecho. Miembro del Instituto de Estudios Campogibraltareños.


ARMAS PROHIBIDAS

El art. 563 CP tipifica como delito y castiga con pena de prisión de uno a tres años “la tenencia de armas prohibidas”. En este precepto no se especifica a que armas se está refiriendo, es una ley penal en blanco que incorpora un elemento normativo cuyo significado hay que buscarlo en otras normas fuera del Código Penal, donde si se define cuales son estas armas. «Arma», conforme a la Sentencia del TS de 21 de marzo de 1984 (RJ 1984\2292), es todo instrumento apto para ofender o defenderse, y, «arma de fuego», aquella capaz de propulsar proyectiles mediante la deflagración de la pólvora.

Según el art. 149.1.26 de la CE es competencia exclusiva del Estado el régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. Por su parte, la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus arts. 6 y 7 establece una habilitación legal en virtud de la cual “la Administración del Estado establecerá los requisitos y condiciones de la fabricación y reparación de armas, sus imitaciones y réplicas, y de sus piezas fundamentales; explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos; así como los de su circulación, almacenamiento y comercio, su adquisición y enajenación; su tenencia y utilización” y se faculta al Gobierno para reglamentar las materias y actividades a las que se refiere el artículo anterior. A tal fin se promulgó el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de armas, cuyos arts. 4 y 5 regulan las armas prohibidas. En el art. 4 se establece un catálogo de armas cuya fabricación, importación, publicidad, compraventa, tenencia y uso se prohíbe en todo caso, salvo la tenencia por los museos, coleccionista y otros organismos a los que se refiere el art. 107 del reglamento, estableciendo requisitos y condiciones para ello. Por otra parte, el art. 5 establece otra serie de prohibiciones sobre publicidad, compraventa, tenencia y uso de otras armas y otros objetos que no tienen tal carácter, excepto respecto de los funcionarios especialmente habilitados para ello y respecto de los particulares en los supuestos de los núms. 2 y 3.

Finalmente, la disposición final cuarta del Reglamento establece que “se considerarán prohibidas, en la medida determinada en los arts. 4 y 5 del Reglamento, las armas o imitaciones que en lo sucesivo se declaren incluidas en cualesquiera de sus apartados, mediante Órdenes del Ministro del Interior, dictadas a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil, previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos”.

La Fiscalía General del Estado como respuesta coyuntural ante la falta de una definición del Tribunal Constitucional, estableció en la Consulta 14-94 que la descripción gramatical de la acción “tenencia de armas prohibidas” debe estar en conexión con el Regimen Sancionador definido por el Reglamento de Armas, así como que la tenencia a que se refiere el art. 563 del Código Penal no ha de interpretarse en el sentido estático que parece sugerir el precepto, (especialmente en el ámbito de las armas no de fuego) excluyendo del tipo la simple posesión material y domiciliaria de aquellos objetos, para evitar el sinsentido de que la conducta no sancionada administrativamente si lo sea penalmente (mediante penas de 1 a 3 años de prisión).

La STC 24/2004, de 24 de febrero de 2004, en una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Penal de Tortosa (Tarragona) respecto del art. 563 de la Ley Orgánica 10/1995, del Código penal, por posible vulneración de los arts. 17.1, 25 y 81.1 CE, ha venido a resolver parcialmente la cuestión. Según esta importante sentencia, las armas cuya tenencia está prohíbida penalmente en el articulo 563 del C.P son, exclusivamente, aquellas que cumplan una serie de requisitos: Primero, aquellas que materialmente sean armas, dado que no todos los objetos prohibidos con ese nombre en la norma administrativa lo son. En segundo lugar, que su tenencia se prohíba por una norma extrapenal con rango de ley o por el reglamento al que la ley se remite, debiendo excluirse del ámbito de prohibición del art. 563 CP todas aquellas armas que se introduzcan en el catálogo de los arts. 4 y 5 del Reglamento de armas mediante una Orden ministerial conforme a lo previsto en la disposición final cuarta, por impedirlo la reserva formal de ley que rige en material penal. En tercer lugar, que posean una especial potencialidad lesiva. Finalmente, que la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias que la conviertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana, quedando excluida la intervención del Derecho penal cuando no concurra realmente ese concreto peligro sin perjuicio de que se acuda, en ese caso, al Derecho administrativo sancionador.

Teniendo en cuenta estos requisitos, ¿cuáles son en concreto las armas prohibidas recogidas en el articulo 4 del Reglamento y cuya tenencia podría dar lugar a la aparición del delito?. Veámoslas a continuación según la definición de cada tipo de arma ofrecida por BELESTÁ SEGURA, (Enero 2004, Noticias Jurídicas. Artículos Doctrinales):

Armas de fuego.

No existe ningún problema en considerar a las armas de fuego enumeradas en el artículo 4 del Reglamento de Armas como prohibidas a los efectos de lo previsto en el artículo 563 del Código Penal, pero hay que tener en cuenta que la que la jurisprudencia sobre las armas largas de cañones recortados y sobre el uso de silenciadores es muy variada, considerándolas en unas ocasiones como modificaciones sustanciales de las características de fabricación, y por tanto incluible en el delito, y, en otras, considera que tales modificaciones no afectan a la capacidad de disparo y que por tanto no puede considerarse modificación sustancial. Por último hay que distinguir las armas de fuego simuladas bajo la apariencia de cualquier otro objeto (por ejemplo los bolígrafos-pistola), que es lo prohibido en el apartado c) del artículo 4.1, de los objetos que simulan -imitan- armas (por ejemplo las pistolas de juguete), que no se consideran armas prohibidas.

Armas no de fuego.

* Bastones-estoque. Quizá de las armas punzantes la que no necesita definición es ésta. Este tipo de arma es más frecuente de lo que se pudiera imaginar. Tradicionalmente se ha considerado un arma “elegante”, quizá por su uso en películas que hoy son consideradas clásicas, como Gilda, pero su uso no deja de ser peligroso, aunque no más que cualquier sable, florete, katana o similar. La mayoría de sentencias absuelven por su tenencia, al considerar que en esos casos no se ha puesto en concreto peligro la integridad física de nadie. Excepcionalmente alguna sentencia se pronuncia de manera contraria a las anteriores (v.g. S. A.P. de Barcelona (Sección 5ª), de 9 diciembre 1999 en que el acusado exhibió el bastón-estoque de una longitud de 88 cm desenvainado (teniendo, la hoja de longitud 58 cm) pero le condena por la mera tenencia, aunque también lo sacara del coche).

* Los puñales de cualquier clase. Esta es la única arma que define el Reglamento y lo hace en los siguientes términos: “armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda”. En la misma línea que con los bastones-estoque, se tiende a considerar atípica su mera tenencia. Mención aparte merecen las denominadas navajas “mariposa”. Se trata de navajas de doble filo, puntiagudo, que se oculta entre las dos partes en que se divide el mango al cerrarla, de tal manera que lo que sirve para protegerse del filo cuando está cerrada, se convierte, al abrirla, en mango. Puede ser considerada también como puñal, al encajarse en la descripción que del mismo hace el artículo 4.1.f).

* Las navajas llamadas automáticas. Son navajas automáticas las que ocultas en el mango, mediante un dispositivo mecánico salen del mismo, ya sea en línea recta o frontalmente o bien lateralmente, describiendo un ángulo de 180 grados. Se suele considerar que son más peligrosas que las tradicionales porque se accionan con una sola mano, aspecto éste especialmente útil en caso de agresión. El Tribunal Supremo ha considerado que cuando se tiene a exclusivos fines domésticos no entraña conducta típica.

* Armas de fuego, de aire u otro gas comprimido, reales o simuladas, combinadas con armas blancas. No son frecuentes aunque es posible encontrarse con bayonetas o cuchillos-pistola, por ejemplo.

* Las defensas de alambre o plomo. Son las comúnmente denominadas porras. Para la Sentencia del T.S. de 9 marzo 2001, en el caso de una porra extensible “se dan los elementos mínimos para apreciar la existencia del delito citado, porque la potencialidad del instrumento para causar graves lesiones es tan evidente que excusa de cualquier consideración”. A mi juicio es el arma menos peligrosa a priori de cuantas se relacionan en el Reglamento. La sentencia de la A.P. Girona. (Seccion 3.ª) de 20 septiembre 2001 -al analizar un arma compuesta de una base de sirga de acero de 40 cm de longitud a la que están unidas en sus extremos dos añadidos de plomo, uno en forma de bola y otro en forma de mango- entiende que las defensas de alambre y las defensas de plomo no pueden ser en ningún caso instrumentos caseros fabricados de una forma artesana, sino que al ser la descripción contundente se entiende que hacen referencia a objetos conocidos en el mercado de armas con unas características concretas. De esta manera -continua el razonamiento de la sentencia-, cualquier objeto que esté compuesto por plomo y acero, fabricado de modo artesano mediante la unión de determinados elementos simples que forman otro complejo no puede entrar en el concepto de defensa de plomo o de alambre, sino de objeto contundente que puede causar un daño físico evidente a la integridad de las personas.

* Los rompecabezas. Según el diccionario de la RAE se trata de un arma ofensiva compuesta de dos bolas de hierro o plomo sujetas a los extremos de un mango corto y flexible. No es un arma de uso común. De hecho no hay en los repertorios de jurisprudencia sentencias condenatorias por uso de este arma.

* Las llaves de pugilato, con o sin púas. También llamados puños americanos, son piezas de metal que se adaptan anatómicamente a los puños y permiten golpear al contrario con mayor contundencia que si se utilizaran los puños desnudos.

* Los tiragomas. El diccionario de la RAE se remite al término tirachinas. Actualmente existen tiragomas perfeccionados diseñados para que se ajusten a la muñeca y fabricados con materiales resistentes para ofrecer una tensión suficiente para proyectar bolas (normalmente rodamientos) a gran velocidad, donde pueden ocasionar si duda el efecto de un proyectil. Es conocido especialmente el modelo “Black Widow”, y su ámbito de utilización en la denominada “guerrilla urbana”, vandalismo callejero o “kale borroka”.

* Cerbatanas. Tal y como he manifestado anteriormente no sabemos a qué tipo de cerbatanas se refiere el Reglamento de Armas cuando prohíbe las cerbatanas perfeccionadas. Además lo verdaderamente peligroso de las cerbatanas no es la cerbatana en sí, sino el dardo que se utilice, que puede estar impregnado de veneno, de anestésico -como las que utilizan en numerosos zoológicos- o puede ser simplemente un dardo punzante.

* Nunchacos. El diccionario de la RAE desconoce este término o el de nunchaco. Sin embargo recoge el término linchaco, como arma ofensiva formada por dos mangos unidos por una cadena. Esta denominación, no obstante, es propia de Chile. En España, en los ambientes de las artes marciales se utiliza el nombre nunchaku o nunchaco. Este último es el que utiliza normalmente la jurisprudencia española. Por ello da la impresión de que el legislador ha utilizado erróneamente la m en lugar de la n. Se trata originariamente de una herramienta usada en agricultura que, al igual que el mayal español, servía para desgranar el centeno o el arroz o la soja y que ha devenido en un arma utilizada en artes marciales.

* Xiriquetes. También llamadas estrellas, habían estado diseñadas en el Japón feudal para causar la muerte del enemigo ya que estaba calculada la distancia de una de sus puntas para que penetrase por el globo ocular y así llegar hasta el nervio óptico. Actualmente estas estrellas se utilizan en la práctica de Nin-jitsu y en lugares destinados a estos efectos.

* Cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas. (No serán considerados como armas prohibidas s/ el TC).