LA INHABILITACIÓN Y LA REHABILITACIÓN

En marzo de 2007 tuve la osadía de redactar una entrada sobre algunas de las distintas penas privativas de derechos recogidas en el Código Penal, específicamente las referentes a la inhabilitación absoluta, a la inhabilitación especial y a la suspensión. En aquel momento traté de explicar de forma lo mas clara y sencilla que me fue posible, las diferencias fundamentales entre unas y otras penas a fin de alcanzar una idea cabal de lo que nos podríamos encontrar si en algún caso fuéramos condenados con alguna de ellas.

En este momento me gustaría dar un paso mas en lo dicho en ese lugar, por una parte para tratar de precisar algunos de los conceptos que manejé en dicho artículo y por otra para traer a colación la otra parte de la moneda, es decir, la rehabilitación. La posibilidad de aplicación del indulto a este tipo de condenas procuraremos tratarlo en otro momento. Por supuesto, el contenido de esta entrada no puede tener un carácter exhaustivo y pormenorizado de todas las circunstancias que pueden concurrir en un tema de tanta enjundia por las propias limitaciones del medio, así que me daré por contento con un simple acercamiento al tema propuesto.

Decía en el artículo mencionado que la inhabilitación absoluta y la inhabilitación especial, definidas en los artículos 41 y 42 respectivamente del Código Penal y que pueden ser aplicadas como penas principales o como penas accesorias de otra pena principal, implican, en el caso de la inhabilitación absoluta, la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos del penado y conlleva la privación temporal del derecho a obtener los mismos u otros honores, cargos o empleos públicos durante el tiempo de la condena, y la privación definitiva del empleo y cargo que se tuviera y los honores que lleve aparejados y, además, privación temporal de la capacidad para obtener nuevamente el cargo que se tuviera y otros análogos, durante el tiempo de condena, en el caso de la inhabilitación especial.

A estas consecuencias jurídicas anudaba por mi parte, de forma apresurada, la pérdida de la condición de funcionario del condenado. Existe una amplia corriente de opinión que, efectivamente, considera que la pérdida de la condición de funcionario se encuentra implícita en la pena de inhabilitación, pero lo cierto es que el artículo 25 de la Constitución, tal y como viene declarando el Tribunal Constitucional, prohíbe la extensión y las interpretaciones analógicas perjudiciales, especialmente en el ámbito penal. Efectivamente, la inhabilitación únicamente supone la PRIVACIÓN definitiva de los honores, empleos y cargos públicos que tuviere el penado en el caso de la absoluta, y en los empleos y cargos públicos sobre los que recayere en el caso de la especial, pero no significa o no trae consigo la pérdida de la CONDICIÓN de funcionario. Esta consecuencia no está contemplada en la ley penal. Es decir, la perdida de la condición de funcionario no es una consecuencia mecánica más de la aplicación de la pena, sino una consecuencia administrativa, regulada en las normas administrativas aplicables a los funcionarios. De tal forma que hay que entender que los términos “condición”, por una parte, y “empleo y cargo público”, por otro, tienen significados diferentes.

Para tratar de explicar esto tenemos que recurrir a los artículos 63 y 66 de Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se recoge que, entre otras, la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta, cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere, y la pena principal o accesoria de inhabilitación especial, cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia. Esta consecuencia se dispone para los funcionarios de la Administración del Estado, en el artículo 37.1.d de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado: La condición de funcionario se pierde en virtud de alguna de las causas siguientes: … d) Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. De la misma manera, se dispone para los funcionarios de carrera de la Administración Local en el artículo 138 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. El Texto Refundido establece como causa de la pérdida de la condición de funcionario, entre otras, la imposición de la pena de inhabilitación absoluta o inhabilitación especial, que tendrá el carácter de definitivo, sin perjuicio de los supuestos de rehabilitación.

Es precisamente la rehabilitación de los funcionarios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado la que regula el Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir en materia de rehabilitación. Esta misma norma habrá que tenerla en cuenta de forma subsidiaria en los procedimientos de rehabilitación de los funcionarios de las restantes administraciones públicas.

El artículo 68.2 de Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público establece que los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud. Obviamente esta rehabilitación tiene carácter excepcional y deberá ser acordada por los órganos de gobierno de cada administración de forma motivada teniendo en cuenta las circunstancias del delito cometido.

En nuestro caso como funcionarios de policía, el delito que hubiéramos cometido adquiere una relevancia fundamental para que se nos conceda o no la rehabilitación a nuestro puesto de policía. Sevach en su Blog de Derecho Público, por ejemplo, da cuenta de cómo en fechas recientes el Tribunal Supremo (Sentencia de 17 de diciembre de 2008) desestimó la impugnación de una solicitud de rehabilitación formulada por un policía que había sido condenado por un delito de torturas (por dicho delito había sido condenado entre otras a pena de inhabilitación especial). El Tribunal fundó su negativa en la consideración de “ejemplar” que ha de rodear la función policial y que esa ejemplaridad es incompatible con el desprecio a la dignidad de los detenidos.

Según se establece en el mencionado RD 2669/1998, será posible solicitar la rehabilitación, una vez que la persona condenada a pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial haya extinguido la responsabilidad penal y civil derivada del delito, lo que habrá de acreditar junto a la causa y fecha de pérdida de la condición de funcionario, especificación del puesto de trabajo que ocupaba al tiempo de la pérdida, con identificación de la unidad de dependencia, municipio y provincia de destino o situación administrativa en la que se hallare, en el caso de que ésta no fuera la de servicio activo, a que supuesto de rehabilitación al que pretenda acogerse y cualquier otra circunstancia o información que considere procedente alegar. Para la resolución del expediente de rehabilitación se tendrán en cuenta los siguientes criterios orientadores para la valoración y apreciación de las circunstancias y entidad del delito cometido:

* Conducta y antecedentes penales previos y posteriores a la pérdida de la condición de funcionario.

* Daño y perjuicio para el servicio público derivado de la comisión del delito.

* Relación del hecho delictivo con el desempeño del cargo funcionarial.

* Gravedad de los hechos y duración de la condena.

* Tiempo transcurrido desde la comisión del delito.

* Informes de los titulares de los órganos administrativos en los que el funcionario prestó sus servicios.

* Cualquier otro que permita apreciar objetivamente la gravedad del delito cometido y su incidencia sobre la futura ocupación de un puesto de funcionario público.

Es curioso que, como pone de manifiesto Sevach en su Blog de Derecho Público, el personal de la administración que haya sido condenado penalmente tiene la oportunidad de obtener la rehabilitación y sin embargo el que haya sido sancionado disciplinariamente a separación del servicio será expulsado de la administración y no tendrá la oportunidad de solicitar y obtener la rehabilitación para ningún puesto público. Toda una paradoja jurídica de la que puedes obtener mas información visitando el BLOG DE SEVACH


11 responses to “LA INHABILITACIÓN Y LA REHABILITACIÓN

  • LISU

    Gracias por tu exposición tan clara, porque me ha resuelto muchas dudas.
    Pero el problema que se me plantea es a la vista del atículo 152.2 TRRL 781/86, que dispone que “los funcionarios de Administración Local podrán ser rehabilitados cuando hayan sido separados del servicio por sanción disciplinaria, acreditando la cancelación de antecedentes penales, en su caso, el cumplimiento de las responsabilidades en que hubieran incurrido y que observen conducta que les haga acreedores a dicho beneficio a juicio de la autoridad que deba decidir”. Por tanto, ¿qué ocurre con la paradoja a la que aludías entre el caso de condena penal y el de sanción disciplinaria en el ámbito local?Porque a la luz de este precepto parece que sí es posible la rehabilitación en caso de separación de servicio.
    (También he leido el blog de Sevach pero no encuentro respuesta en él a mi duda)

  • víctimas indefensas de sanciones perpetuas de separación de servicio

    vid. STC 37/2002 “VIVES-GARRIDO FALLA Y OTROS”

    vid. SANCIONES PERPETUAS de Leopoldo Tolivar Alas

    http://www.administracionpublica.com/content/view/740/

    vid. SEPARACION DE SERVICIO de Antonio Arias

    http://www.fiscalizacion.es/?p=2425

    vid. FUNCIONARIOS…SEPARACION DEL SERVICIO… EBEP de Andrés Morey Juan

    http://morey-abogados.blogspot.com/2010/02/los-funcionarios-la-separacion-del.html

    http://morey-abogados.blogspot.com/2010/02/regimen-disciplinario-de-los.html

    http://morey-abogados.blogspot.com/2010/04/mas-acerca-de-la-separacion-de-los.html

    que en apurada síntesis s.e.ú.o y mejor opinión, acreditan y detallan que:

    1-El art.27.2 del Anteproyecto de Estatuto Básico de Funcion Pública “RAJOY-1999 ” y su preceptivo Dictamen 1489/1998 del Consejo de Estado “LAVILLA” por fin aprobaron ¡¡¡¡ 20 años después de la Constitución de 1978 que lo ordenaba !!!! la abolición de las sanciones y penas perpetuas de separación del servicio y de inhabilitación y sus efectos respectivos de exclusión perpetua de todo empleo público , sufragio sindical activo y pasivo, seguros sociales y desempleo y pensiones de jubilación, admitiendo la rehabilitación de los separados del servicio y de los inhabilitados en general, sin restringirla sólo a los privilegiados (antes y después de 1978) aspirantes y escalafonados de los Cuerpos de Jueces, Magistrados, Fiscales, Personal de Justicia, Jurisdiccion laboral de Trabajo , del Movimiento , de Cortes, de Eurofuncionarios, Locales, Sanitarios y Personal de AENA según art.303-370 LOPJ, 44-90 EOMF , art.28 EPSO, EMPESS-2003, y demás Estatutos respectivos conforme a la STC 37/2002 “VIVES-GARRIDOFALLA” y otras anteriores y posteriores, que en sus OBITER DICTA prohiben la prórroga , después de la Constitución de 1978, de los Decretos Leyes Preconstitucionales Totalitarios Franquistas y Requisitos de acceso a empleo público impuestos por los Principios Inamovibles del Movimiento de 1958 como el art.30.1.e DLFCE 315/1964 “CARRERO BLANCO-LOPEZ RODO-GARRIDO FALLA” de “no haber sido separado del servicio ni hallarse inhabilitado de cualquier administración por mero expediente” bajo Juramento, debiendo los jueces y tribunales IAPLICARLS Y PLICAR DIRECTAMENTE LA CONSTITUCION y EN CASO DE DUDA RAZONADA PLANTEAR CUESTION PREJUDICIAL ANTE El TC Y EL TJUE .

    2-Todo ello acredita el MONUMENTAL “FRAUS OMNIA CORRUMPIT” LEGISLATIVO SILENCIADO DESDE 1978 a 2010, y la consiguiente NULIDAD RADICAL DE TODAS LAS OPOSICIONES, TRIBUNALES DE SELECCION ,NOMBRAMIENTOS Y ESCALAFONES DURANTE TODA LA TRANSICION INTRANSITIVA desde 1978 a 2010 que han exigido ese requisito totalitario irracional de falso mérito y de falsa capacidad volviendose contra sus responsables , y la obligación de revisar todo ello de oficio todas las AAPP por art.62 Ley 30/1992 , por carecer los nombrados, los Tribunales de Selección, las Listas de Admitidos , y las Bases de las Oposiciones , de los REQUISITOS ESENCIALES CONSTITUCIONALES, debiendo ser rehabilitadas e indemnizadas las Victimas Excluidas e Indefensas por dicho DLFCE 315/1964, no homologado por Ley 30/1984 “MOSCOSO” , y agravado más irracionalmente por art.56,66,96 EBEP 7/2007 “SEVILLA-VELAZQUEZ-SANCHEZ MORON-ORTEGA ALVAREZ Y OTROS JURISTAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO EN CUESTION PERPETUA ” al ampliar la exclusión perpetua franquista de los aspirantes y escalafonados que hayan sido separados del servicio, a la de los inhabilitados, y a la de los despedidos, confundiendo y equiparando en un totum revolutum las sanciones administrativas con las laborales y con las penas judiciales asícomo sus respectivas jurisdicciones judiciales y sus derivadas cuestiones prejudiciales, consagrando la discriminación entre funcionarios y aspirantes de la AGE respecto a dichos Cuerpos Privilegiados de Magistrados, Jueces, Fiscales , Eurofuncionarios , Locales , Sanitarios y AENA…. en los que se admite a oposiciones a separados de servicio, inhabilitados y despedidos, y una vez dentro de los mismos, si son separados, inhabilitados o despedidos tienen rehabilitación en los mismos.

    3-Los Dictamenes 171/1991 y 173/1992 del Consell Consultiu Catalán con dilaciones de 13 años despues de la Constitución, se dieron cuenta del fraude legislativo continuado de prorrogar el art.30.1.e y resto del DLFCE 315/1964 indefinidamente, de silenciarlo en la ley 30/1984 “MOSCOSO” y de prorrogarlo y copiarlo íntegro en el art.33.e de la Ley 17/1985 de FP de la Gencat y otras leyes de esta y otras autonomias, y por ello lo declararon contrario a la Constitución, de forma que el art.16 de la Ley 9/1994 de reforma de la Ley 17/1985 de FP de la Gencat en consecuencia, dió un primer paso contra la perpetuidad de la exclusión, al establecer como requisito “NO ESTAR SEPARADO DEl SERVICIO” en vez de de “NO HABER SIDO SEPARADO”, dejando en evidencia al DLFCE 315/1964 franquista que lo establecía para depurar y no indemnizar a sus victimas excluidas y exiliadas , a las LEYES DE PRESCRIPCION DE DELITOS-1969 Y DE AMNISTIA “GOTA A GOTA” -1976 que no derogaban dicho DLFCE 315/1964 impidiendo toda amnistía a depurados apestados como rojos, desafectos, homosexuales, vagos, maleantes, pelonas…. , a la ley 30/1984 MOSCOSO que silenciaba todo ello , y al EBEP 7/2007 CARENTE DE DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO que empeoraba todo ello, generando RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEl ESTADO POR MAL FUNCIONAMIENTO ANTICONSTITUCIONAL DE SUS 4 PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIAL Y CONSULTIVO DESDE 1978 a 2010 AL MANTENER VIGENTES, APLICAR DISCRIMINATORIAMENTE Y NO ABOLIR LAS LEYES PRECONSTITUCIONALES TOTALITARIAS DEPURADORAS DE SANCIONS PERPETUAS SIN INDEMNIZAR NI REHABILITAR A SUS VICTIMAS INDEFENSAS .

    4-LAS RESPONSABILIDADES DE TODO TIPO DERIVADAS DE APLICAR LEYES INJUSTAS E INFAMES DE SANCIONES Y PENAS PERPETUAS DE SEPARACION DE SERVICIO, INHABILITACIONES, PERDIDAS DE EMPLEO, EXPULSIONES Y SIMILARES , PROVOCANDO EXCLUSIONES PERPETUAS DE EMPLEOS PUBLICOS, SEGUROS SOCIALES, PENSIONES DE JUBILACION, CAMBIOS DE NACIONALIDAD, IDENTIDAD, EXILIOS Y DESAPARICIONES , NO PRESCRIBEN, Y POR ELLO ES IMPORTANTE EL CENSO DE SEPARADOS DE SERVICIO Y DESAPARECIDOS DESPUES DE 1936 ORDENADO EN 1968 POR LA COMISION “FANJUL” , Y 40 AÑOS DESPUES POR PROVIDENCIA PENAL FIRME 25-8-2008 DEL J.I.nº 5 de la Audiencia Nacional, a la VICEPRESIDENCIA DE GOBIERNO y A TODOS LOS REGISTROS OFICIALES ESTATALES, JUDICIALES, AUTONOMICOS , LOCALES, CIVILES y MILITARES.

  • víctimas indefensas de sanciones perpetuas de separación de servicio

    erratas comentario anterior

    dice: IAPLICARLS Y PLICAR

    debe decir: INAPLICARLO Y APLICAR

  • Los números de 2010 « BLOGUINDIS

    […] LA INHABILITACIÓN Y LA REHABILITACIÓN febrero, 2009 1 comentario 5 […]

  • petición de correccion de erratas de configuración

    se ruega configurar los aparatados del SUMARIO desconfigurados con lineas rotas que dificultan la lectura

  • eliminar esta 1ª version desconfigurada y con errata

    corrección de errata

    donde dice: Magistrado canario
    debe decir: Magistrado TS y Letrado TC-TS-CGPJ

  • corregir errata

    donde dice: Magistrado canario
    debe decir: Magistrado TS y Letrado TC-TS-CGPJ

  • EL PLENO DEL TC BECA A INHABILITADOS PERO NO A SEPARADOS

    BECAS DEL TC EXCLUYEN AL SEPARADO Y ADMITEN AL INHABILITADO

    EL Pleno del TC presidido por Pascual Sala no excluye como Becarios en formación a los INHABILITADOS, pero sí excluye a los SEPARADOS DEL SERVICIO Y DESPEDIDOS ASIMILADOS según el requisito siguiente:

    http://www.tribunalconstitucional.es/es/Lists/convocatorias/Attachments/27/1%20-%20Convocatoria.pdf

    d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impidan la realización efectiva de las prácticas NI HABER SIDO SEPARADO, MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO, DEL SERVICIO DEL ESTADO
    O DE CUALQUIER ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO.

    Recordemos que los art.303 LOPJ y 44 EOMF admiten como aspirante a juez y a fiscal al separado del servicio y al despedido pero excluyen al inhabilitado

  • ANTICONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES SANCIONADORAS PERPETUAS FRANQUISTAS SIN REHABILITACION EN TODAS LAS AAPP EXCEPTO LA LOCAL, JUDICIAL Y FISCAL

    ANTICONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES SANCIONADORAS PERPETUAS FRANQUISTAS SIN REHABILITACION EN TODAS LAS AAPP EXCEPTO LA LOCAL, LA JUDICIAL Y LA FISCALIA GENERAL

    REHABILITACIÓN DEL SEPARADO DEL SERVICIO EN LA ADMINISTRACION LOCAL PROHIBIDA EN LA ESTATAL, LA AUTONOMICA Y EN LA INSTITUCIONAL

    El nuevo Ministerio de Hacienda y AAPP,regido por el Ministro Montoro, permite en la Administración Local LA REHABILITACION DEL FUNCIONARIO QUE HAYA SIDO SEPARADO DEL SERVICIO por cualquier Administración como la Central,la Autonómica,la Institucional en las que no está prevista (salvo para Jueces, Fiscales, Personal de Cortes, de Sanidad y Eurofuncionarios),o como la Local en que sí está prevista,resultando por ello discriminadas sin razón unas respecto a otras, por lo cual

    el art.68 EBEP (de rehabilitación solo prevista para el inhabilitado y no además para el separado del servicio como previó el nonato art.27.2 EBFP “RAJOY-MOLL”de 1999 y el Dictamen 1489/1998 del Consejo de Estado) y

    el art.56.1.c.d EBEP(de exclusión perpetua en todo empleo público por haber sido separado del servicio,sin posibilidad alguna de REHABILITACION ni de DERECHO AL RECURSO desde los 16 años de edad )

    SON ANTICONSTITUCIONALES y generan RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CON LAS VICTIMAS, por lo cual

    no se entiende que el FISCAL GENERAL, el DEFENSOR DEL PUEBLO, los Jueces y Tribunales, el TS y el TC no hayan cuestionado esa maraña de leyes de Función Publica franquista y arreglado este desaguisado que desde 1978 a 2012 afecta a los 4 Poderes del Estado y a todas las AAPP y a sus 3 millones de funcionarios, sus oposiciones, sus listas de admitidos y excluidos, sus Tribunales, sus Preparadores, sus Temarios, sus tomas de posesión, sus nombramientos, sus sanciones, sus actuaciones, sus deméritos……….

    Los Alcaldes, Plenos, Concejales, Secretarios, Interventores,….y en su caso los Rectores, Claustros, Catedraticos, Instructores, Testigos……Los Consejos de Ministros, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales, …..Los Consejos del Poder Judicial,…..Los Consejos de Estado ……que hayan impuesto impunemente después de 1978 dolosa o culposamente SANCIONES PERPETUAS FRANQUISTAS ANTICONSTITUCIONALES GUERRACIVILISTAS DE “MUERTE CIVIL-SEPARACION DEL SERVICIO-DESPIDO-ACOSO-MOBBING” a funcionarios civiles y militares DENEGANDOLES TODA DEFENSA, REHABILITACIÓN , RECURSO, INDEMNIZACIÓN, Y TODO ACCESO A OPOSICIONES Y CONCURSOS, ELECCIONES SINDICALES, deben responder en su caso por todo ello DE OFICIO y DE SU PROPIO BOLSILLO, en congruencia con

    http://www.seap.minhap.gob.es/es/areas/funcion_publica/estatutobasico/criterios.html

    CRITERIOS PARA APLICAR EL EBEP EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION LOCAL

    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

    d) Procedimiento disciplinario

    Se rige por los principios generales contemplados en el artículo 98.

    La incoación y el nombramiento de instructor corresponde al Presidente de la Corporación Local respectiva -artículos 150.1 .a) y 2 TRRL-.

    La instrucción del expediente se tramitará de acuerdo con las normas que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas -artículo 150.4 TRRL-.

    La resolución del expediente corresponde al Presidente de la Corporación Local -artículo 151.b)TRRL-.

    La anotación y cancelación de sanciones, ASI COMO LA POSIBLE REHABILITACION DE LOS FUNCIONARIOS SEPARADOS DEL SERVICIO,se llevará a cabo en los términos de los artículos 68 del EBEP y 152 TRRL. (????)

    Con carácter supletorio se aplica el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos de la Administración del Estado

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